Más actividad para la cota cero de la ciudad

Más actividad para la cota cero de la ciudad

Una de las cuestiones que atraviesa desde hace tiempo el debate sobre la cota cero de las ciudades, el plano donde se define su urbanidad, es una realidad derivada directamente del sistema económico capitalista: la existencia de multitud de locales vacíos y sin uso. Partiendo de la hipótesis de que fomentar el uso de estos espacios es una cuestión beneficiosa para la vida urbana y de que, a parte de las actividades terciarias, el fomento de todo tipo de usos (comunitarios, domésticos, de emergencia o incluso de espacio público) es también una opción deseable, se introducen a continuación una serie de acciones que, en conjunto, conformarían una estrategia multirrespuesta para asegurar un mayor grado de viabilidad general, pluralidad social y diversidad funcional en sus materializaciones:

1.- Análisis de la realidad actual para definir la escala del problema y de la oportunidad. Si el objetivo es conocer el fenómeno sobre el que se desea incidir, el primer paso es probablemente la realización de cartografías de acceso público sobre los locales vacíos en las ciudades. Abrir la información para reconocer los distintos contextos (existen grandes diferencias entre barrios en lo que a la proporción de locales vacíos y en uso se refiere), definir el papel de los diferentes agentes implicados (administraciones públicas, propietarios/as, colectivos ciudadanos, vecinos/as, etc.) y poder imaginar así propuestas de intervención adaptadas a estos territorios y comunidades. Un estudio que para ser operativo debe ser, además, suficientemente exhaustivo, pues cuestiones como el tamaño, la forma, el uso previo o el estado de conservación de los locales vacíos son fundamentales a la hora de pensar las posibilidades de uso de cada uno de ellos: hay una enorme diferencia entre, por ejemplo, un gran local vacío en estado de obra que nunca fue utilizado y un pequeño local que funcionó hasta hace poco como cafetería y que cuenta con barra, cocina, aseos, etc.

2.- Desarrollo de campañas informativas para popularizar los beneficios urbanos del uso de estos locales y los perjuicios de su estado vacío. Abrir un debate amplio que no omita las cuestiones problemáticas: desde la gestión de la convivencialidad vecinal, hasta los peligros asociados en términos socioeconómicos. Por ejemplo, aunque se podría plantear que la ciudad mejorará también económicamente con estos nuevos usos, es decir, que se trataría casi de una inversión con una posible rentabilidad a medio-largo plazo, es necesario contemplar que este discurso implica consecuentemente que también podría analizarse desde la perspectiva del peligro de gentrificación. Además, es fundamental no perder de vista la cuestión contextual: en todo caso debería estudiarse cuál es el equilibrio adecuado entre los bajos utilizados como locales comerciales de acceso público y los dedicados al desarrollo de actividades domésticas o comunitarias.

3.- Apoyo público a los procesos de negociación entre vecinos/as y propietarios/as. La vía de trabajo más explorada en la actualidad es la negociación entre propietarios/as y colectivos interesados en el uso de los locales vacíos a través de un alquiler asumible o de una cesión de uso. Las aportaciones básicas de las administraciones públicas como apoyo y reconocimiento de estos procesos podrían ser, por ejemplo, la puesta a disposición de avales o seguros públicos, la reducción o supresión del pago de impuestos como el IBI, la creación de protocolos formales de negociación y gestión o la dotación de mecanismos y figuras para la resolución de conflictos.

4.- Innovación democrática en torno a los comunes como garantía. Según el trabajo de Elinor Ostrom y de muchas otras investigaciones posteriores, la clave fundamental para la gestión sostenible de los bienes comunes es la existencia de protocolos y normativas de uso perfectamente definidas: imaginadas y compartidas por la comunidad desde los principios de la radicalidad democrática, pero con sistemas de detección y resolución de conflictos, así como de desincentivo de las prácticas insostenibles, también perfectamente claros y asumidos. Para avanzar en el reequilibrio de las relaciones sociales con el estándar de la propiedad privada (la principal limitación a la que se enfrentan este tipo de usos de los locales vacíos), se podrían probar formas de inclusión de los agentes de la propiedad como un componente más de estas comunidades, de manera que puedan interactuar y sentir como propia cada iniciativa. Se facilitaría así el establecimiento y el mantenimiento de los acuerdos de uso de forma que la precariedad e indeterminación temporal propia de estas prácticas se pueda gestionar adecuadamente, y en un contexto en el que, tanto las micro-instituciones comunitarias, como los sectores más sociales de las administraciones públicas, tengan todo el peso en el abordaje de los problemas frente a las lógicas legalistas y securitarias de la justicia ordinaria o la acción policial.

5.- Impulso de modificaciones legislativas para fomentar el uso de estos locales. En todas las ciudades hay casos muy significativos de bajos comerciales que pasan décadas sin uso aún estando situados en calles centrales con mucha actividad urbana. Es fundamental reformular la legislación y las normativas en torno a los usos del suelo y a los arrendamientos urbanos para evitar en lo posible sus consecuencias negativas: no debería ser legal o, al menos, no debería ser rentable, mantener un local vacío y sin uso durante años solo porque la propiedad no quiera rebajar su precio de alquiler. En el marco de la reconocida función social de la propiedad, no parece una radicalidad ajena al interés general plantear límites a las expresiones más duras de la ideología rentista.

6.- Cesión temporal por cuestiones de emergencia. El contexto actual es un buen momento para plantear posibilidades difíciles de imaginar en otros tiempos e intentar darle la vuelta a esa máxima de que durante las crisis solo el poder es capaz de introducir cambios en su beneficio que se acaban consolidando más allá del periodo de excepción. Es decir, usos como el de la provisión de espacios habitables para aislarse por contagio de una enfermedad infecciosa (o como refugio de las personas sin hogar u otras situaciones de emergencia) sí deberían poder ponerse en marcha sin más aparataje legal que la obligación directa por la función social de la propiedad que establece la Constitución. Cumplir la legislación podría tener ahora cabida gracias a un contexto en el que aislar el virus es una cuestión asumida socialmente como un interés público y, al mismo tiempo, se ha reconocido la incapacidad de muchas viviendas para asegurar ese aislamiento en unas condiciones mínimamente dignas y eficaces.

7.- Cesión temporal por abandono. Otro de los casos en los que también se podrían aplicar políticas contundentes cercanas a la expropiación temporal es el de los locales no solo vacíos y sin uso, sino abandonados en estado de obra o pre-ruina. En estas situaciones, por ejemplo, de locales inacabados que solo cuentan con la estructura o, como mucho, con tabiques de ladrillo simple como cierre, sin pavimentación ni más elementos que una puerta de obra provisional, se podría legislar para que a partir de un tiempo en estado de abandono pasaran automáticamente a un banco de locales de uso público o comunitario, sin más contraprestación para la propiedad que la de dejar de hacerse cargo de su mantenimiento y del abono de las tasas e impuestos que le correspondan.

8.- Expropiación directa y convencional. En determinados contextos pueden ser las administraciones las que apuesten por incorporar al patrimonio público algunos de estos locales vacíos como equipamientos sociales de barrio para usos comunitarios. Por ejemplo y como grado cero de complejidad, el uso como aparcamiento de bicicletas, patines, carritos y sillas infantiles, carros de compra o sillas de ruedas, así como puntos de carga para bicicletas, patines o sillas eléctricas, podría tener un gran impacto en políticas públicas de interés general como la movilidad sostenible, la dependencia o los cuidados.

9.- Apoyo a los procesos de ocupación y okupación popular. Al contrario que en otros procesos urbanos, incluso los más similares como el problema de las viviendas vacías, el tema de los locales sin uso no parece aún un problema de debate público, al menos no de una forma madura y mínimamente extendida. En este contexto es difícil pensar en una ciudadanía organizada de forma autónoma y masiva para plantear la ampliación de los derechos de uso de estos locales: por ahora, es un tema principalmente técnico, excepcional en la práctica popular. Por eso es importante que desde los diferentes ámbitos técnicos apoyemos sin fisuras a todos los procesos de ocupación u okupación de estos locales para cubrir necesidades vitales o liberar espacios para actividades comunitarias.

10.- Reconocimiento de los usos informales y de la urbanidad del vacío. El análisis y la intervención en estos locales debe ser sensible a los procesos de uso informal más difíciles de detectar y documentar, pues en muchas ocasiones solo están vacíos aparentemente y, en realidad, son lugares de almacenaje o espacios de reunión y actividad social de distintos tipos de comunidades. Por último, habría que recordar que estos locales no son solo su espacio interior útil, sino también sus fachadas y sus áreas urbanas anexas. Desde esta perspectiva, dentro de los usos informales que habría que considerar en cada caso también estarían los que emplean estos otros espacios, como las fachadas ciegas y sin uso aparente que se convierten en punto nodal para la comunicación a través de cartelería o pintadas, o como los espacios delanteros de locales vacíos que son utilizados para la venta ambulante en las calles comerciales.

 

 

* Texto realizado tras participar en el taller de co-creación “La vivienda expandida / Fórmulas para la revitalización de la vida urbana”, desarrollado dentro de la 9ª edición del programa URBANBATfest en noviembre de 2020, y en el que tuve la oportunidad de trabajar sobre estos temas junto a María Arana y Arrate Presilla (Urbanbat), Helena Cruz (Territoris XLM), MªTeresa Cuerdo (IETcc-CSIC), Alex Etxeberria (Tarte Arkitektura), David Mesa y Alejandro Vargas (Entropía – Arquitectura Adaptativa) y David Cardona, Cristina Cuesta (Cohousing Spain), Asier Arévalo (Getxo Kirolak) y Marcela Vega y Miren León (Accessibility Digest).

IRUZKINIK GABE

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Iago Carro

Arquitecto (2011) y máster en urbanismo (2012) por la Universidad de A Coruña. Investigador y docente en la E.T.S. de Arquitectura de A Coruña (2012-2015). Miembro de Ergosfera, una cooperativa de trabajo dedicada a la investigación urbana y a la práctica urbanística desde 2006.